La sentencia también incluye una multa diaria por 89.000 euros por no trasponer una directiva en materia de prevención y detección de infracciones penales.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó en febrero a España a pagar 15 millones de euros por no transponer todavía la directiva sobre protección de datos personales en el marco de la prevención y detección de infracciones penales ni haber comunicado las medidas de transposición. Según la sentencia, se añaden una multa coercitiva de 89.000 euros por cada día de retraso que haya en el impago.
La norma que se ha incumplido, garantiza que los datos de los testigos, las víctimas, los sospechosos y autores de delitos estén debidamente protegidos en el contexto de las investigaciones penales. Al no transponer por parte de España la norma, crea un nivel de protección diferente de los derechos y libertades de la ciudadanía y obstaculiza el intercambio de datos entre España y otros países que ya han traspuesto la directiva.
El plazo que la UE ordenó para poder transponer la normativa, expiró el 6 de mayo de 2018. Tras más de dos meses de espera y contrastar que las autoridades españolas no habían informado de la transposición de la directiva, desde Bruselas se decidió abrir un procedimiento de infracción.
Después de casi un año, España informó a Bruselas de que el procedimiento administrativo estaba en marcha y que concluiría a finales de julio de 2019, y posteriormente en marzo de 2020 el procedimiento parlamentario. Sin embargo, esto no ocurrió. España no niega haber incumplido las medidas adoptadas en los plazos fijados. Pero sí justifica el retraso por circunstancias institucionales muy excepcionales, concretamente el hecho de que el gobierno estuviera en funciones en parte de ese periodo, que obligaron a retrasar el trámite de la transposición de la directiva.
Según la sentencia del TJUE, la gravedad y la duración de la infracción han hecho que la suma a pagar sea de 15 millones de euros. De hecho, si el incumplimiento persiste, se ha aplicado una multa diaria para “garantizar” el cumplimiento de la norma.