Todos sabemos que ninguna empresa regala sus servicios. Por eso, cuando vemos anunciado un servicio de pago a coste cero, desconfiamos. Las estafas ofreciendo premios a sorteos en los que no participamos o servicios gratuitos a cambio de nuestros datos para hacernos spam continuado son ejemplos que todos hemos sufrido.
Peligro de fraude
Por eso, al ver empresas que se ofertan como servicios de adaptación al RGPD a coste cero, debemos desconfiar. ¿Cómo es posible que una empresa ofrezca servicios gratis? En este caso, sencillamente, cometiendo fraude fiscal.
La Asociación Profesional Española de Privacidad ha lanzado una web para trabajar por la concienciación de esta estafa. En su página, simulan ser una empresa que ofrece servicios de adecuación al RGPD a coste cero. Pero en la web de APEP, una vez que intentas interactuar y saber más sobre el servicio, alerta de las malas prácticas de estas empresas. Así, los empresarios que hayan accedido a ella sabrán que contratar este tipo de servicios es tremendamente peligroso. La APEP ha interpuesto unas 150 denuncias en relación a este tipo de estafas. Aun así, actualmente, estiman que sigue habiendo unas 20 empresas operando en estos términos.
¿Y en que consiste el fraude que del RGPD a coste cero? Pues cuando los empresarios se ponen en contacto con ellos para implantar el reglamento de protección de datos, les ofrecen sus servicios a modo de formación bonificada. Estas empresas de “coste cero” ofrecen la consultoría de forma gratuita y la implantación del RGPD mediante una “formación a trabajadores” que ni es real ni útil, que iría a cargo de los créditos para formación que ofrece Fundae, que, a su vez, son dinero público. Además, estas formaciones están exentas de IVA, por tanto, sería un doble fraude.
Pymes y micropymes, las principales víctimas
Las empresas que caen en manos de estos fraudes buscan servicios gratuitos, ya que muchas veces son pequeñas empresas en las cuales cualquier desembolso es importante. Además, el desconocimiento de la ilegalidad de esta práctica también está presente. En este caso, deberían saber que la sanción de Inspección de Trabajo por adherirse a este tipo de prácticas puede ascender hasta los 187.515 euros. Enmascarar de formación un servicio y pagarlo con dinero público es una infracción tributaria.
Los trabajadores también sufren efectos negativos cuando las empresas contratan con estos “servicios” a precio cero, ya que se les imponen formaciones fantasmas que no han elegido. Muchas veces, carentes de estructuras, sentido o utilidad para los empleados, sin dotarles en ningún caso de facultades para poder actuar ante la RGPD.
Estar informado, la mejor prevención
Para evitar este tipo de prácticas, la Agencia de Protección de Datos (AEPD), publicó una guía para poder identificar estos fraudes y poder distinguirlos de las prácticas correctas. Entre otros indicadores podemos encontrar que cumplan con la forma, pero no con el contenido de los textos legales. Por ejemplo, no personalizando esos textos a tu empresa. También, que impongan servicios innecesarios mediante prácticas agresivas y como hemos nombrado antes, la utilización de fondos bonificados de formación para pagar el servicio, cayendo en infracción tributaria.
La mejor manera de evitar caer en estos fraudes es implantar a nivel estatal una cultura de protección de datos. Como esto lleva tiempo, lo más importante antes de contratar un servicio así es informarse correctamente de las obligaciones legales que debemos cumplir. Así, podrán tomar decisiones conscientes teniendo en cuenta sus necesidades personales.